El domingo 18 de mayo de 2014 una tragedia enlutó al municipio de Fundación – Magdalena, luego que una buseta que transportaba niños asistentes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, se prendiera en llamas.
33 menores murieron y otros más tuvieron que ser hospitalizados como consecuencia de las quemaduras.
El hecho llevó a un proceso jurídico en el que este jueves el Tribunal Administrativo del Magdalena falló a favor de las familias de las víctimas, ordenando a la comunidad cristiana a pagar cerca de 25.000 millones de pesos de indemnización.
Frente a esta decisión judicial el presidente de la Iglesia, pastor Álvaro Torres, en diálogo con BLU Radio aseguró que respeta la justicia colombiana, pero que apelará el fallo teniendo en cuenta que, según su versión, no fue la iglesia la que contrató el vehículo para transportar a los niños y niñas, sino que fue un miembro de la congregación quien lo hizo sin consultarlo con el pastor del lugar ni con la misma iglesia.
BLU Radio: Pastor, ¿van a pagar ustedes esa indemnización como los condena el Tribunal de Santa Marta esta mañana?
Pastor Álvaro Torres: Bueno, yo creo que el problema no es si vamos a pagar o no vamos a pagar, el problema es determinar quién es el responsable. Es decir, el problema no es aceptar que la iglesia debe dar un dinero o no, sino que es más importante para nosotros saber que no fuimos negligentes o imprudentes, o que fuimos responsables de la muerte de un montón de niños a quien nos duele con toda el alma, y la iglesia en su momento, como iglesia, asistió a esas familias. Nos costó más de mil millones de pesos ayudarlos con nuestros psicólogos, con ayudas materiales, así que insensibilidad nunca hemos mostrado. El problema que se discute aquí es si realmente somos responsables de una cosa tan terrible. El problema del dinero yo creo que es secundario. Nosotros no tenemos ese dinero, pero yo creo que cuando uno sabe que es responsable haría lo que sea por buscar cómo pagar, pero lo que estamos discutiendo no es eso.
BR: Pastor, el Tribunal del Magdalena considera lo contrario. Considera que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia fue negligente, no tuvo el suficiente cuidado para la contratación del vehículo que llevaba a los niños ese domingo y eso produjo que ante las fallas mecánicas y ante la impericia del conductor, pues se hubiera presentado la tragedia. Usted qué le responde al Tribunal.
PAT: Es respetable, pero usted sabe que las decisiones de los hombres son discutibles, no porque sean jueces o no lo sean, sino porque uno tiene razones y él tiene razones, y las vamos a discutir hasta donde sea posible. Tenemos un derecho de apelación y haremos uso de ese derecho. Vuelvo y digo, no es tanto por no aceptar el pago, es que es muy fácil decir que Barranquilla no tiene responsabilidad. Yo tengo un vehículo que está prácticamente chatarrizado, que sale de la ciudad, pasa por el peaje, no le piden una planilla de salida, no le piden los documentos, lo dejan circular, y entonces cuando usted toma un bus no le pregunta si tiene seguro, si tiene todos los documentos en orden, usted supone que un vehículo que circula usted lo toma y la Ley debe amparar eso… la iglesia nunca hizo un contrato con esa persona.
BR: Pastor, pero en este caso no es que usted fuera un transeúnte cualquiera y tomara un bus en la calle, sino que en este caso ustedes contrataron un bus que, por ejemplo, no tenía el SOAT, no tenía la revisión tecnomecánica; ¿eso por lo menos, no les crea cierta culpabilidad por haber faltado a la debita precaución?
PAT: Si yo hiciera eso sí, y créame que no le discuto ninguna palabra. La iglesia no contrató un bus, un feligrés quiso ayudar a los niños y llevarlos a su casa en bus, y contrató un bus, no la iglesia, y eso es lo que estamos discutiendo. Una persona que no estaba nombrada para eso, que no tenía funciones para eso, que no tenía autoridad para eso, pues nunca se le dio dinero para eso sino que una persona a nivel personal quiso hacer un favor; obviamente con mucha torpeza, de contratar un bus que él no sabía si tenía los documentos en regla, su seguro, sus cosas, pero aquí están diciendo que es la iglesia y la iglesia nunca contrató a ese señor. Nosotros mostramos ante el juez los movimientos contables, nunca salió dinero para eso, nunca hay una firma mía o del pastor contratando ese vehículo, tampoco fue un contrato verbal del pastor. Eso el hermano Ibarra de muy buen corazón, pero con mucho desconocimiento de las normas contrató un bus.
BR: ¿Pero ustedes aceptaron esa gestión que usted llama de buena voluntad del hermano?
PAT: Nosotros no la aceptamos porque no sabíamos que la estaba haciendo. Es que eso es lo que hemos discutido con el juez.
BR: ¿Y el juez por qué no les aceptó ese argumento?
PAT: Porque él tiene la idea que por que es de la iglesia la iglesia debe responder por eso, pero entonces, qué tal que la iglesia católica respondiera por cada acción de cada católico que hace en la ciudad. Cuando nosotros hacemos un campamento de jóvenes, por ejemplo, nosotros damos todas las cédulas, todos los documentos, tenemos una póliza con Sura para cubrir eso y tenemos todos los protocolos que se necesitan. Usted puede llamar a Sura y preguntar por el cliente Iglesia Pentecostal Unida y verá que tenemos esas pólizas. Y cuando hay un accidente de estos en la iglesia o de un vehículo que va contratado por la iglesia, nosotros, si claro respondemos, hay una póliza para eso. Aquí por desventura nuestro pobre hermano, que el otro día murió además, quiso hacer una buena obra y traer niños a la iglesia, y sus padres se los entregaron, no a la iglesia.
BR: Pastor, ¿usted lo que nos dice es que nadie de la iglesia autorizó la gestión del hermano Ibarra, como usted le dice?
PAT: Sí señor, eso es lo que le estoy diciendo, nadie, y eso es lo que discutimos con el juez. Además, en la audiencia al señor Ibarra se le preguntó directamente y él respondió que lo había hecho de buena voluntad, nadie lo contactó. De hecho, él era un creyente que sí tenía funciones en la iglesia de ayudante en cuestiones evangelísticas, pero hay otro departamento que es el que maneja los niños y él no pertenecía a ese departamento.
De otro lado, José Luis Herrera Gómez, abogado encargado de defender al Distrito, le dijo a El Heraldo que quedó probado que el Distrito de Barranquilla o tiene responsabilidad administrativa frente al fallecimiento de los menores. El Ministerio de Transporte, el municipio de Fundación y la Policía Nacional también quedaron absueltos de responsabilidades.
Escuche la entrevista completa ingresando al link https://www.youtube.com/watch?v=9R0fmZpVmWE
